Vivimos rodeados de intereses individuales y grupales, los que jamás son intereses comunales.
La mayor desgracia que le puede ocurrir a la representación política, es que los electos no respondan personalmente de su certificado de representación, toda vez que aquella representación la ganan a través de una organización privada que se interpone entre los electos y los electores.
Es por ello, que los electos a la hora de defender los derechos plurales de los electores, anteponen los intereses personales y grupales de la organización a la que pertenecen, por lo que olvidan los intereses de la comunidad.
Así, la Nación jamás es Nación porque no tiene a nadie que defienda los intereses plurales de la misma. Los electos, cualquiera que sea el empleo representativo que tengan, siempre anteponen los intereses individuales y grupales a los nacionales.
Es por ello que la administración del Estado es una máquina de destrucción de lo comunal, en favor de lo individual y grupal.
Si a tal hacer político se le suma el insensato e incívico liberalismo hoy vigente, el crimen social está servido.
Así pues, es hora que los electores “tomen el toro por los cuernos” y no vuelvan a delegar su representación en gentes que antes de defender lo comunal, defienden sus intereses individuales y grupales.
La vigente ley electoral, es un “copia y pega” de la de 1977, es pues hora que la representación sea dada a personas que individualmente se comprometen directamente con los electores, por un espacio (distrito electoral unipersonal) y tiempo cierto (una legislatura prorrogable por una sola vez), máximo dos mandatos.
Todo lo que no sea establecer un nuevo sistema de elección, seguirá siendo un absoluto fracaso, tal cual viene dándose desde 1977.
Ello, a su vez, con prohibición absoluta a que los electos puedan designar, a su antojo (dedocracia) a cuantas personas quieran, con cargo al erario público, los auxiliares que precisen ya están en el funcionariado.
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